¿Quién acabó con el Banco Popular?

0

Un nuevo giro en la investigación por esclarecer cómo pudo quebrar una entidad considerada viable como el Banco Popular pone en el ojo del huracán a los reguladores bancarios.

En mi columna del pasado 12 de junio titulada “Una supervisión desastrosa”, repasábamos los nefastos errores de los reguladores que precedieron a la quiebra del Banco Popular como un caso de flagrante incompetencia.

Sin embargo, informaciones recientes filtradas a la prensa sugieren que más que de incompetencia, deberíamos hablar de un posible comportamiento ilegal por parte de las autoridades encargadas de supervisar el sector bancario europeo.

Hasta ahora se conocía la existencia de dos informes de la auditora Deloitte que valoraban al Banco Popular en 2.000 millones de euros negativos y, en el escenario más estresado contemplado por las pruebas realizadas, en 8.200 millones de euros negativos.

Estos dos informes fueron publicados por el Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB) para justificar la intervención y venta del banco por un euro. Sin embargo, en los últimos días ha saltado la noticia de la existencia de un tercer informe elaborado por la misma auditora y que el FROB prefirió no hacer público.

De acuerdo a este tercer informe, el Banco Popular alcanzaba una valoración positiva cercana a los 1.300 millones de euros, similar a la capitalización bursátil que tenía la entidad en la antesala de su liquidación.

¿Por qué las autoridades se negaron a publicar este informe? ¿Qué esconde para que exista tanto secretismo?

Este informe podría indicar que la entidad era viable y que las autoridades europeas encargadas de regular al banco estaban al corriente de ello. De ser así, la operación de liquidación del banco daría lugar a una avalancha de demandas millonarias contra los reguladores.

Por su parte, la Junta de Resolución europea, que finalmente fue el organismo encargado del proceso de liquidación que culminó con la venta del Banco Popular al Santander por un euro, se defiende culpando a los gestores del banco y a la prensa por la caída del banco.

En un documento interno, el organismo europeo atribuye la caída del banco a la mala gestión del banco bajo la tutela de Ángel Ron y Emilio Saracho, y a la cobertura mediática del banco que aumentó la alarma social y provocó la crisis de liquidez que eventualmente produjo la caída de uno de los mayores bancos del sector en España.

En ningún caso atribuye la Junta de Resolución europea culpa alguna a los errores regulatorios que llevaron a una entidad, que hace un año se consideraba saneada de acuerdo a todos los tests de estrés del Banco Central Europeo, a la quiebra.

No seré yo quien respalde la desastrosa gestión del Banco Popular, pero culpar a la prensa por crear alarma social parece un intento desesperado por escurrir el bulto ante una regulación no ya incompetente, sino claramente negligente y probablemente fuera de la legalidad.

Los inversores se movilizan

Las recientes revelaciones sobre la existencia de este tercer informe que las autoridades tenían en sus manos y decidieron no publicar han dado un giro a los procesos judiciales emprendidos por los inversores del Banco Popular.

Si hasta ahora las demandas se dirigían contra los exdirectivos del banco, que se aseguraron pensiones e indemnizaciones millonarias mientras cientos de miles de inversores lo perdían todo, las recientes revelaciones han puesto a los reguladores europeos en el ojo del huracán.

En los últimos días se ha conocido que a las ya conocidas demandas contra los exdirectivos del banco, algunos inversores importantes como el mexicano Antonio del Valle –que perdió 550 millones de euros con la quiebra del Banco Popular- y los fondos de inversión asesorados por el bufete estadounidense Quinn, Emanuel, Urqhart & Sullivan –que en total perdieron 850 millones de euros- dirigirán sus acciones legales contra las autoridades españolas y europeas.

Ante la avalancha de demandas y litigios que se producirá en las próximas semanas por parte de los antiguos accionistas del banco, dilucidad quién cargará con el muerto es algo que está levantando ampollas entre las autoridades españolas y europeas.

El Ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró esta semana que será la Unión Europea y no España la que asuma los costes derivados de los litigios del Banco Popular. Sin embargo, desde las instituciones europeas se apunta al FROB, organismo dependiente del Banco de España, como responsable en la liquidación del Banco Popular.

Aunque llevará años esclarecer las responsabilidades derivadas de un desastre que ha dejado a cientos de miles de inversores sin nada, poco a poco la sombra de la sospecha se cierne sobre los reguladores como llevamos apuntando en el Inversor Diario desde el mismo momento en el que se produjo la liquidación del Banco Popular.

La debacle del Banco Popular pone de manifiesto que los tremendos fallos regulatorios que provocaron que el sector financiero arrastrara a toda la economía al abismo hace una década lejos de haber sido resueltos, aún en la actualidad siguen siendo el centro de la polémica.

Durante los próximos meses veremos cruces de acusaciones entre reguladores y exdirectivos acerca de la mayor quiebra bancaria de la historia de España pero, aplicando el refranero español, podemos decir que “entre todos la mataron y ella sola se murió”.

 

Un cordial saludo,

Alberto Redondo

Editor

Inversor Global España

Compartir Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Share on Google+0Email this to someone

Acerca del Autor

Alberto Redondo

Alberto Redondo es el editor de Inversor Global en España. En su blog podrás descubrir todo sobre la economía y las finanzas en España. Además recibirás consejos sobre cómo sortear la crisis y construir tu cartera de inversiones con éxito.