España y la corrupción

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Con la Operación Lezo son ya innumerables los escándalos de corrupción que han padecido los españoles desde el estallido de la crisis. Tiempos desesperados como estos requieren medidas drásticas.

El pasado miércoles 19 de abril la Guardia Civil detuvo a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, por su presunta participación en un esquema de desvío de fondos públicos del Canal de Isabel II, empresa pública encargada del abastecimiento hídrico en la Comunidad de Madrid. De acuerdo a las primeras investigaciones desarrolladas en el marco de la Operación Lezo, el desvío de fondos podría alcanzar los 30 millones de euros.

Este caso de corrupción política se suma a una larga lista de escándalos que han tenido que soportar los españoles durante los últimos años como son la trama Gürtel, la investigación de los EREs fraudulentos o el caso del tres por ciento en Cataluña por citar algunos.

En todos estos esquemas de corrupción se sigue el mismo patrón: el uso de las conexiones políticas para expoliar los recursos públicos en provecho de un círculo de personas involucradas en estas tramas de corrupción.

Los escándalos de corrupción se han centrado particularmente en la concesión de contratos públicos, cuyo opaco manejo, exposición a la influencia del poder político y astronómicas cantidades de dinero implicadas los convierten en un objetivo prioritario para estas tramas corruptas.

Esta lacra ha adquirido tal dimensión durante los últimos que, según Transparencia Internacional, hasta un 10 por ciento del gasto en contrataciones públicas se desvía a manos de tramas corruptas.

De acuerdo a la CEOE, en el periodo comprendido entre 1995 y 2012 el gasto en infraestructuras en España ascendió a los 576.000 millones de euros. Si como se ha estimado hasta un 10 por ciento de ese gasto ha caído en manos de la corrupción, podemos estimar que a cada español la corrupción le ha costado aproximadamente 1.250 euros durante los últimos años.

Los partidos políticos están centrando sus esfuerzos ahora en llevar a cabo –o al menos vender al electorado- una regeneración de la vida política en la que la honradez y la trasparencia sean los nuevos ejes en la conducta de los servidores públicos.

Sin embargo, ¿va a resultar esto suficiente para solucionar un problema de más de 50.000 millones de euros? Probablemente no…

Un problema de difícil solución

En España, esta lacra transgrede ideologías y salpica a prácticamente todas las fuerzas políticas, con especial hincapié en los dos grandes partidos que han dominado las instituciones durante las últimas décadas.

La corrupción, al igual que el fraude fiscal o el tráfico de influencias, no es algo circunscrito a la política o a la vida pública; es algo que se extiende en todos los estratos sociales y económicos en nuestro país como si fuera un elemento cuasicultural.

Solo así se entiende que la corrupción en España no entienda de ideologías y salpique a fuerzas política de izquierda y de derecha; o que en los países nórdicos por ejemplo esta misma corrupción sea algo residual y excepcional sin importar en todos los partidos políticos por igual.

Cambiar la mentalidad de todo un país de la noche a la mañana es utópico. No nos vamos a acostar españoles y a despertar daneses a la mañana siguiente. La corrupción es un hábito arraigado en nuestro país y que no se va a erradicar a corto plazo con una mayor persecución, con la supuesta regeneración de la política o con mayor transparencia.

Es necesario ir mucho más allá…

La punta del iceberg

La realidad en nuestro país refleja que en la gestión de recursos públicos, de manera inevitable se han producido y se producirán irregularidades que a menudo pasan desapercibidas, solo que cuando se trata de grandes obras de infraestructura se traducen en cientos de millones de euros son palpables para la opinión pública.

Sin embargo, éstas no son más que la punta del iceberg de la corrupción en España. La mayor parte de la corrupción no sale en las noticias. La dimensión de este problema es tan grande, que para solucionarlo o al menos mitigar el efecto que esta lacra tiene en la sociedad española es necesario ir más allá.

Para combatir de manera eficaz a la corrupción, la única solución pasa por acotar el rol del Estado en la economía. Cuantos menos recursos gestione la esfera pública, menor será el volumen de la corrupción política.

Además de la extendida corrupción política, otros factores como la mayor eficiencia del sector privado frente al público o la consecución de una menor presión fiscal para los contribuyentes ponen de relieve la necesidad de tener unas administraciones públicas más austeras y con funciones y alcance más acotado.

Solo así podremos combatir a la corrupción política de manera efectiva y rápida. El incesante goteo de escándalos así lo requiere.

Un cordial saludo,

Alberto Redondo

Editor

Inversor Global España

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Acerca del Autor

Alberto Redondo

Alberto Redondo es el editor de Inversor Global en España. En su blog podrás descubrir todo sobre la economía y las finanzas en España. Además recibirás consejos sobre cómo sortear la crisis y construir tu cartera de inversiones con éxito.